Una vez más se ha puesto en evidencia la intervención directa del gobierno en la justicia, al pretender forjar un juicio penal en contra del doctor Edgar Coral Almeida, quien sigue un juicio civil de reparación de daño moral por injuria, con una indemnización de diez millones de dólares, al presidente Rafael Correa Delgado.

La persecución jurídico-política de Correa Delgado contra Coral Almeida fue puesta en evidencia, cuando tres diecinueve meses de indagación, contrario a las normas procesales, fue activada una denuncia  sobre supuesto peculado y desfalco presentada por Segundo Campoverde el 12 de enero de 2010, con  la cual el denunciado nunca fue notificado, afectando el cumplimiento del debido proceso.

Para el 28 de octubre del 2010, el Fiscal Jorge Cano Racines se excusa de conocer el caso porque no le corresponde la Unidad Especializada que pertenece y dispone la remisión del mismo a la Unidad de delitos contra la fe Pública. El 3 de febrero de este año, el fiscal Luis Ramiro  encuentra que la denuncia no se asimila a peculado ni desfalco, sino que, sobre la base de un informe, “se trataría de abuso de confianza”, añadiendo que “examinado este delito, determino que por su naturaleza es susceptible de transacción entre las partes a fin de terminar con su conflicto penal, a los que se sujeta el nuevo Modelo de Gestión  de la Fiscalía general del estado, por los que el denunciante y los denunciados, pueden mantener conversaciones y reuniones amistosas a fin de buscar un acuerdo pacífico a su controversia y solicitarme la aplicación de cualquiera de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos, establecidos en la Ley y en la Constitución”.

El Fiscal no pudo comunicar su pronunciamiento a las partes, porque ni siquiera el denunciante Campoverde había  señalado casillero judicial, menos la dirección de notificación de los denunciados, requisitos fundamentales para el inicio de una causa y el cumplimiento del debido proceso.

El 19 de octubre de 2011, el Juzgado Décimo tercero de  Garantías Penales de Pichincha, puso en conocimiento que el 26 del mismo mes, a las 08h10 se llevará a efecto la audiencia de formulación de cargos en contra de Coral Almeida y otros, por presunto delito de abuso de confianza, cambiándose el tipo penal por el que se inició la investigación.

Según el Catálogo de delitos de la Fiscalía General del Estado, el tiempo de indagación previa para el delito de abuso de confianza es de un año, pero en este caso ha concluido al cabo de 19 meses, o sea un año siete meses, afectando, nuevamente, en forma grave, el debido proceso.

Coral Almeida dijo que para ejercer su legítimo derecho a la defensa fue negado sacar copias del proceso, más si el ahora acusador  Fiscal Ramiro Freire “elucubra y fragua hechos y circunstancias en forma artificiosa para simular las existencias de una supuesta infracción”,  porque no sustenta  el supuesto delito, tipificado en el Art. 560 del Código Penal.

En efecto, Freire Valdivieso no menciona qué persona o personas le hayan entregado o encargado  una cosa (dinero u otros bienes) ni cuándo, ni dónde, ni para qué le entregaron, como tampoco establece presunta distracción de bienes ni fraude,  lo cual tampoco consta en la denuncia de Campoverde; es decir,  ni el denunciante ni el Fiscal manifiestan él o los perjudicados ni beneficiario beneficiarios por el supuesto abuso de confianza, por lo que el juez  debe declarar la nulidad y archivar el caso, terminando  con el forjado proceso que evidencia  un nuevo caso de persecución jurídico-político en que está empeñado el gobierno