La pretensión del gobierno ecuatoriano de limitar las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, constituye una regresión antes que una “revolución” en materia de derechos humanos, pretendiendo dejar en estado de indefensión a los recurrentes y fortalecer el abuso del poder político en contra de los ciudadanos del continente.

La CIDH fue constituida en momentos en que los sistemas de justicia de los países del hemisferio empezaron a ser criticados por sus graves limitaciones en la protección y defensa de los Derechos Humanos, dotándole de normativas para garantizar a los ciudadanos de la tutela jurídica de sus derechos y libertades. Su edificación fue consecuencia clara por las recurrentes violaciones a los más elementales derechos civiles en los regímenes dictatoriales que asolaron a la región y por el restablecimiento de los regímenes democráticos, como propuesta jurídico política para dejar ese pasado oprobioso, cuya iniciativa sustantiva la tuvo el gobierno del presidente Jaime Roldós en la cumbre de Riobamba, la que adoptó una Carta de Conducta que en breves plazos fueron incluidos en las Constituciones de los países asistentes.

Si la iniciativa fue del Ecuador, es por decir lo menos, un contrasentido restablecer las persecuciones jurídico-políticas condenadas enérgicamente por figuras de la talla de monseñor Leonidas Proaño, Alberto Luna Tobar y tantas y cuantas organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos que, sospechosamente, hoy guardan silencio, ante la iniciativa del Presidente Rafael Correa, quien no ha dudado en gastar ingentes recursos del erario nacional, dinero del pueblo, en su campaña internacional para obtener apoyo a sus desmedidos propósitos.

No es extraño que esas contradicciones sean exhibidas por un régimen que por un lado ha proclamado que su supuesta Constitución garantista iba a durar 300 años, mientras ha promovido enmiendas antes de su primer lustro de vigencia, no precisamente para fortalecerla, sino para crear condiciones para asediar y perseguir a sus contradictores en desmedro de la armonía y equilibrio social.

Hay signos de que el objetivo político del Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, de lograr adeptos en Sudamérica, en contra de los derechos civiles y políticos fundamentales de los ciudadanos no ha tenido asidero, porque de haberlo logrado habría significado que los medios de comunicación oficiales, no habrían descansado en emitir tales resultados; por el contrario, Patiño ha salido de las oficinas de sus pares con rostro frustrante, lo que hace presumir que este lunes no logrará los resultados en la reunión de Guayaquil.

Es que a nivel regional, las cancillerías han asumido lo que subrayan varios tratadistas, en el sentido de que los Derechos de las personas no necesitan ser proclamados por los Estados para que existan, porque son consustanciales a la existencia del ser humano y su dignidad; es decir, son naturales y prexistentes al Estado. Desde otra perspectiva, que los derechos nacen cuando son reconocidos por el Estado y, generalmente, como una respuesta forzada por la presión y exigencia de los movimientos y lucha social.

De hecho, el Ecuador es signatario de todos los instrumentos jurídicos internacionales que le han permitido una positiva ratificación jurídica a los Derechos fundamentales, pero advierte que para el gobierno de la denominada “Revolución ciudadana”, y la “profundización” de su proyecto político constituyen obstáculos, por lo que deben ser borrados del esquema jurídico nacional.

Es evidente el proceso de empobrecimiento de la población, la eliminación de garantías laborales elementales en el sector público, con por ejemplo, las renuncias voluntarias y los contratos temporales; los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda, la justicia, que están pasando de ser derechos individuales irrenunciables a designios gubernamentales.

Así, los derechos fundamentales son violados sistemáticamente, sin que ninguna organización relacionada alce su voz, acaso porque sus dirigentes y sus miembros han sido, burocráticamente, asimilados por el régimen, y cuando en algún momento se expresan, lo hacen tímidamente, sin observar los temas de fondo, convirtiéndose en cómplices de la criminalización de la protesta social y de los sistemáticos ataques a los derechos humanos que se realizan en las sabatinas presidenciales.

Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, no mirarlos desde esta perspectiva genera impunidad, y lo más grave: impunidad al abuso del poder, a la corrupción. En la Cumbre Extraordinario de las Américas celebrado en enero del 2004 en Monterrey, México, los Estados firmantes de la Declaración de Nuevo León reconocieron “que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo”.

La corrupción campea en el Ecuador y cabalga impune. Son innumerables los hechos divulgados por el periodismo investigativo; los periodistas son atacados, los hechores santificados. En Guayaquil hay que decir ¡alto a la impunidad! ¡los derechos humanos son irrenunciables.

Los ecuatorianos debemos defender los derechos que nos asisten y que están garantizados en la Constitución, como en los instrumentos internacionales aún vigentes, frente a una justicia de dudosa procedencia y de limitada probidad, para tal efecto, tiene plena vigencia , EL DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS, "reconocido universalmente el 09 de Diciembre De 1998, Cuando La Asamblea de las Naciones Unidas, aprobó la declaración sobre el derecho y el deber de las personas, grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Autor
Dr. Edgar Coral Almeida