La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha resolvió anular todo el proceso legal seguido por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha en contra del doctor Edgar Coral por

presunto abuso de confianza y que le sentenció a dos años de reclusión y al pago de más de 415 mil dólares por supuestos daños y perjuicios a la Cooperativa de Vivienda Pisullí.

La Sala precisó que aceptó el recurso de nulidad interpuesto por Coral Almeida, porque al examinar el expediente encontró actuaciones del Tribunal que “viola (n) el debido proceso” y los integrantes de éste “no han valorado las pruebas de todos los sujetos procesales”.

El pronunciamiento de la Sala indica que los miembros del Tribunal Miriam Escobar Pérez, Luis Manosalvas Sandoval y Horacio Aulestia Aulestia sustanciaron el proceso a partir de una denuncia y no aplicaron las normas de la Ley de Cooperativas ni el Reglamento Especial de Auditorías Externas y Fiscalizaciones para organizaciones bajo control de la Dirección Nacional de Cooperativas y el fallo, reclusión y pago de daños no fue motivado.

Resalta que el interventor de la Cooperativa de Vivienda Pisullí, Luis Valenzuela Rosero contrató a la Dra. Tania Moreno para que realice una experticia financiera a los estados económicos del lapso 2002-2008, bajo un contrato de 2.800 dólares por honorarios, pero ésta “perito no actuó con la transparencia debida e incurrió en situaciones de orden penal”. Tampoco emitió factura del SRI por los honorarios recibidos. La pericia fue dispuesta por uno de los cinco Fiscales que actuaron en el proceso.La Sala pregunta razones por las cuales la Fiscalía no accedió a los balances que la Cooperativa presentó a la Dirección Nacional de Cooperativas y no fueron oportunamente impugnados.

La Sala dice que por las normas legales vigentes los peritos “no podrán recibir dinero por concepto de honorarios ni antes ni después del peritaje ya que estos deben ser regulados por el juez”, pero elevó informes con los cuales “se indujo a error a la Fiscalía y a los Jueces: Pero lo más grave es que el 20 de octubre del 2010, el mismo interventor mantuvo una reunión de trabajo con la perito Tania Moreno y con varios denunciantes para tratar sobre el avance del informe pericial y hacer el seguimiento de la respectiva denuncia”.

La Perito Tania Moreno Lucero, solo “resumió los ingresos de la Cooperativa, pero no tomó en cuenta los egresos, esto constituye conducta dañosa. Sin el informe de auditoría, realizado por un perito contable, a pedido de la Dirección Nacional de Cooperativas, no se podía iniciar este juicio (…). El proceso es nulo desde la instrucción fiscal”.

Tras la nulidad declarada por la Sala, un nuevo Fiscal, Esteban Ballesteros, que no había actuado en el proceso, solicitó a la Sala aclarar, ampliar y revocar el auto de nulidad, pero esta negó la pretensión Fiscal, porque se ha pronunciado “de manera clara, con lenguaje sencillo y de fácil comprensión” y levantó todas las medidas cautelares que pesaban contra Coral Almeida.