La Resolución del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha por la cual condena a dos años de prisión y al pago de 16 dólares de multa y compensación de 415.688 dólares al Dr. Edgar Coral Almeida por presunto abuso de confianza, ha sido dictada salvando u omitiendo irrefutables pruebas en contrario, presentadas durante la sustanciación del proceso.

En la Resolución, el Tribunal asegura que los balances contables “jamás fueron presentados a la Dirección Nacional de Cooperativas ni al expediente fiscal ni fueron objeto de experticia”, lo que no corresponde a la verdad procesal, por lo que Coral Almeida solicitó al ente juzgador ampliar y de razones por las cuales se negó a incorporar y tomar en cuenta, como prueba, la contabilidad de la Cooperativa de Vivienda Pisullí, como son los libros contables, facturas, roles de pago, aportes patronales al IESS, cheques y otros, que, en original, exhibió en el juicio, solicitando se los tenga como prueba de su parte.

Igualmente, Coral Almeida pidió al Tribunal ampliar sobre la nulidad solicitada a la “experticia contable” realizada por la perito Tania Yolanda Moreno Lucero, quien reconoció, en el juicio, haber cobrado de los denunciantes la cantidad de 2.800 dólares, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 3, 5 y 6 de la Escala de fijación de remuneraciones y honorarios de los peritos que intervengan en los procesos penales, aprobado para el efecto por el Consejo de la Judicatura.

Coral Almeida solicitó, también, al Tribunal, ampliar sobre la planteada nulidad del proceso por existir vicios de prejudicialidad y aclare si la Dirección Nacional de Cooperativas dispuso se realice una fiscalización a la cooperativa mencionada y si el informe de fiscalización estableció glosas en contra de Coral Almeida, administradores y directivos, lo que, efectivamente, no ocurrió.

Por lo mismo, la Resolución del Tribunal, al no valorar las piezas procesales conforme a derecho carecen de todo fundamento jurídico y lesionan la sana administración de justicia, lo que induce a pensar que la inconstitucional e ilegal Resolución forma parte del implacable y abusivo proceso de persecución política que el gobierno tiene en marcha contra todos quienes piensa diferente al mismo y cuestionan su política impopular y antinacional.