No obstante, a la fecha se habría desvanecido uno de los principales argumentos de la petición de medidas cautelares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó la revisión inicial de la solicitud de “inmediatas y urgentes medidas cautelares”, que fueron requeridas por el exdirigente de la Cooperativa de Vivienda Pisulí, Edgar Coral, por las cuales demanda una sanción al Estado ecuatoriano por supuestas violaciones a los Derechos Humanos.

La "revisión inicial" se realiza conforme el Art. 26 del Reglamento de la CIDH, que permite a la Comisión “encomendar el estudio y la preparación de un proyecto de informe a un Miembro de la Comisión en calidad de relator, a una Subcomisión o a la Secretaría de la Comisión” sobre denuncias o quejas de violaciones de Derechos Humanos en el continente americano.

La solicitud

Coral Almeida envió el 3 de septiembre de 2014 la solicitud de medidas cautelares y el pedido de sanción al Estado ecuatoriano, así como también que la CIDH recomiende o conmine para que en la legislación interna del país se adopten los recursos legales necesarios para impedir la continuación de los abusos de poder que estaría cometiendo el Ejecutivo en forma directa y a través de fiscales, jueces y de otros funcionarios del Estado ecuatoriano.

Seis procesos

En el voluminoso expediente remitido por el denunciante se alude a seis procesos legales: dos penales, dos civiles y dos administrativos, según dice, con falsos cargos y graves violaciones al debido proceso, con la finalidad de justificar la persecución política de la que es objeto por parte del Presidente de la República, empeñado en desdibujar su larga trayectoria de dirigente popular y legítimo contradictor del Gobierno.

‘Persecución’

A decir de Edgar Coral, la persecución habría derivado de la querella penal que planteó contra el presidente Rafael Correa, demandando reparación por daño moral ocurrido en el enlace presidencial del 29 de enero de 2011, cuando el mandatario le mencionó como “traficante de tierras”.

La CIDH dijo a Edgar Coral Almeida “que el reclamo se encuentra actualmente bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes”.

El dato

La petición a la CIDH fue en septiembre del 2014 y la nulidad de la sentencia se dictó en noviembre del mismo año.

Se anuló la sentencia condenatoria

Uno de los fundamentos para la solicitud de medidas cautelares a la CIDH fue la sentencia condenatoria de dos años de prisión y el pago de una compensación de 415.688 dólares, por un supuesto abuso de confianza por parte de Edgar Coral cuando dirigía la Cooperativa de Vivienda Pisulí, ubicada al norte de Quito.

No obstante, el 4 de noviembre de 2014, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió declarar la nulidad de la sentencia dictada por los jueces del Tribunal Séptimo Penal y de todo el proceso, por graves violaciones en que incurrieron los jueces, y la no valoración integral de las pruebas presentadas en el juicio.

Fuente: La Hora