La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la nulidad de todo lo actuado en el juicio que por supuesto abuso de confianza se le sigue al exdirigente de la Cooperativa de Vivienda Pisulí Édgar Coral, y por el cual recibió una pena de dos años

de prisión y una multa superior a los 400.000 dólares.

Los jueces sustentaron su fallo en el hecho de que se habría violado el principio de mínima intervención penal, disposición contenida en el artículo 195 de la Constitución y en el artículo innumerado 5,4 del Código de Procedimiento Penal, que se refiere a que la persecución penal es de última “ratio”.

Es decir, los jueces concluyeron que para este caso se debieron aplicar otras soluciones jurídicas (vía civil), como lo dispuesto en la Ley de Cooperativas y su Reglamento, o lo dispuesto en el Estatuto de Rendición de Cuentas, establecido en el Código de Procedimiento Civil.

También se habrían violentado requisitos de procedibilidad en el desarrollo del proceso porque la Fiscalía “en ningún momento ordenó la realización de auditorías o fiscalizaciones que debieron ser realizadas por la Dirección Nacional de Cooperativas, ahora conocida como Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”, según la argumentación.

Proceso

Durante la audiencia de nulidad, el demandado alegó que sin informe de una auditoría general, no podía iniciarse este proceso penal, de acuerdo con el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, por constituir un obstáculo legal, la falta de este informe, “de tal modo que su presentación constituye un requisito de procedibilidad para el inicio de la acción penal, por lo que a falta de este el proceso es nulo”.

También se habría violentado el debido proceso al aceptar que se sustituya al informe de auditoría que se requiere para el inicio de la acción penal, con uno de un perito contable, que se limitó a examinar la cuenta bancaria de la Cooperativa y los recibos de ingresos, sin tomar en cuenta los libros de contabilidad, los egresos y los balances semestrales que reposan en los archivos de la Dirección Nacional de Cooperativas.

Los jueces de la Sala Penal: Patricio Vaca, Dilsa Muñoz y Luis Ventimilla, señalaron la “incongruencia” de la sentencia condenatoria dictada contra Coral y también resolvieron llamar la atención a la Fiscalía por haber iniciado una causa con “tamañas violaciones al debido proceso”. (LC)

En la Sala Civil de la CNJ, el presidente, Rafael Correa, enfrenta una demanda por daño moral planteada por Coral, a quien el mandatario le calificó de traficante de tierras el 29 de enero de 2011.

La acción penal habría prescrito

Se declaró la nulidad de todo lo actuado desde el inicio de la instrucción fiscal, incluyendo la audiencia de formulación de cargos, lo que implica que, para poder continuar con una acción penal por el supuesto delito de abuso de confianza, necesariamente tendría que realizarse una auditoría o fiscalización de los períodos de 2002 a 2008, ejercidos por Édgar Coral.

Sin embargo, la posibilidad de iniciar una nueva acción habría prescrito porque toda acción penal castigada con prisión prescribe a los cinco años y, tomando en cuenta que los actos a investigarse son hasta 2008, se estaría hablando de que la acción prescribió en diciembre de 2013.

Fuente: La Hora